El país, o por lo menos parte de él, discute el llamado reto demográfico que, dicho más sencillamente, se reduce a que somos menos y más viejos. En el sector que lo hace se advierte un tono un tanto apocalíptico ante la reducción poblacional que naturalmente ocurre. Para los que tengan cierta edad, este asunto les debe recordar cuando hace unas décadas se discutía en nuestro país lo contrario, es decir, el llamado problema de la sobrepoblación y la necesidad imperiosa de controlar la natalidad. Aquella situación no produjo la catástrofe anunciada y me parece que esta tampoco lo hará.

Pero, agoreros de buena fe buscan remediar la situación desde distintos puntos de vista, incluido el de políticas públicas con base en el Derecho algunas de ellas, y es a ello a lo que dirijo esta reflexión porque me parece que hay dificultades en ese camino empedrado con buenas intenciones. El problema que se señala tiene dos vertientes principales: la baja natalidad y la emigración, pero en ambas hay razones muy diversas, algunas de índole personalísima, que serán muy difícil de atender eficazmente desde el poder de razón de Estado o parens patriae en una sociedad libre, democrática y respetuosa de los derechos constitucionales y humanos.

Partamos del principio cardinal de nuestro derecho constitucional sobre la primacía de la protección a la vida íntima y familiar. Porque ¿qué puede ser más íntimo y familiar que la decisión de tener hijos, cuántos, cómo y cuándo? Ahí de entrada surge un valladar extraordinario a lo que el Estado pueda querer hacer para atender el problema de la reducida natalidad en nuestro país. Se trata de un asunto en extremo delicado sobre el cual casi cualquier intromisión resulta contraria a esa protección constitucional. A mi modo de ver, sería, por decir poco, muy incómodo tratar de indagar en las razones de una persona o una pareja para no tener hijos. Algunos no pueden y no quieren utilizar los medios científicos para poder tener hijos, o no pueden costear tal cosa. Otros no interesan tener descendencia porque no se sienten capacitados para ello. O tienen el temor de trasmitir alguna condición hereditaria. Hay quienes también no quieren comprometer su libertad personal haciéndose cargo durante muchos años de unos hijos que requieren no solamente una inversión de dinero, sino de mucho tiempo y atención. Como puede verse, todas estas cosas son de la más estricta intimidad de las personas y el Estado está y debe estar impedido de hurgar en esa vida privada.

La otra vertiente de la baja poblacional que se registra es el incremento en la emigración, sobre todo a Estados Unidos, y que en el caso de algunas profesiones u ocupaciones se les llama «fuga». Aunque la razón principal se encubre con la manida frase de «búsqueda de una mejor calidad de vida». lo cierto es que de lo que se trata es de que allá se gana más dinero que acá. La realidad es que nuestra economía no está ni podrá estar nunca al nivel de aquella; por lo tanto, quien quiera tener ciertos ingresos tendrá que ir a vivir y trabajar allá. Me parece un error desde todo punto de vista ofrecer incentivos económicos para evitar que eso ocurra o con la esperanza de que quienes se hayan ido regresen, es decir, que se les compre su regreso. Por supuesto hay otras razones para emigrar, algunas de índole muy personal, pero la realidad es que es el factor económico el de mayor peso. También la creencia ingenua de que “the grass is always greener on the other side of the fence” y que algunos problemas tienen una solución de índole geográfica.

Llegado a cierto punto en la búsqueda del bienestar personal y familiar o, como dicen allá, “the pursuit of happiness”, en la población de un país tiene que haber un compromiso patriótico de permanecer para trabajar en él y  contribuir a mejorarlo. De lo contrario, muchos países se vaciarían en los del Primer Mundo porque jamás van a alcanzar el bienestar económico de estos.

Lo que sí podrías hacerse – en teoría, porque en la práctica política no va a ocurrir a menos que haya un cambio extraordinario en la política puertorriqueña – es revertir la mal llamada reforma laboral, que no ha sido otra cosa que una legislación hecha a la medida para el sector patronal y que con ello ha empobrecido artificialmente al país, sobre todo a la clase trabajadora y muy particularmente a los jóvenes que buscan abrirse paso en el mundo del trabajo. Pero, eso no va a suceder porque los gobiernos de los partidos que hasta ahora han ostentado el poder continuarán al servicio del sector privado, cuya voracidad en lo económico es insaciable y solo tiene en cuenta el bottom line.

Entonces, qué se puede hacer, me pregunto y se preguntan también los que de buena fe quieren resolver el problema porque ellos tampoco parecen tener muy claro lo que se puede hacer. Me temo que es realmente muy poco dentro del marco legal de una sociedad como la nuestra. No todos los problemas de los seres humanos tienen solución y en algunos casos la que podría haber sin que haya garantía de que resulte ser eficaz o, mejor dicho, no debe intentarse porque el remedio podría ser peor que la enfermedad. Dejemos que pase el tiempo y que sea la vida misma la que se ocupe de poner las cosas en su lugar.

No creo que debamos temer al apocalipsis anunciado. Como tantas otras veces, aprendemos a vivir con lo que la vida nos depara de una forma natural. Puerto Rico no va a desaparecer ni se va a convertir en un asilo flotante en el mar Caribe. La evolución no se detendrá y proveerá un estado de cosas razonablemente equilibrado para su subsistencia por el futuro previsible, sin que haya que torcer el Derecho o aplicar medidas correctivas draconianas o impermisiblemente artificiales.