Cartas al y del Poder Judicial

Gabriel García Maya

El Poder Judicial «no tiene quien le escriba»

Sentado frente al buzón de la sede de la Oficina de Administración de los Tribunales, OAT, en Hato Rey, su director, el juez Steidel Figueroa, espera que la Junta de Supervisión Fiscal, su vecino de edificio, le escriba. Hace meses le solicitó, mediante carta, a nombre del Poder Judicial que reprogramara los fondos presupuestados para aumentos de salario a los empleados judiciales. También le escribió para solicitar el auto aumento de salario de los jueces, determinados por una sentencia, sin una ley especial.

Cada día pregunta al cartero si le ha llegado alguna carta. Cuando le dice que no, piensa que la Junta no reconoce sus sacrificios por mantener la independencia judicial, la separación de poderes y la forma republicana de gobierno.

Molesto, sube al despacho y consulta todos los tomos de las Decisiones de Puerto Rico del Tribunal Supremo. Al final se convence, resignado, que la Junta, aunque rebelde, tiene poderes imperiales y no puede ser encarcelada por desacatar una sentencia del Poder Judicial.

Gabriel García Maya
Cabo Rojo

Carta del Poder Judicial

Honorables miembros de la Junta de Supervisión Fiscal:

Reciban un cordial saludo del Poder Judicial de Puerto Rico.

Les escribimos esta misiva porque, aunque reconocemos que las decisiones del Poder Judicial no los obligan, confiamos en su infinita misericordia imperial. No nos dejen sin el aumento de sueldo que nos hemos dado porque, entonces, «Tatito», se reirá de nosotros. Aunque por ahora lo tenemos atrapado por el pleito que inició la «digna inmascarada» de la Cámara, quien suele legislar contra los derechos igualitarios y el arte libre, a quien hemos de proteger en su reclamo contra «Tatito». Decimos «Tatito» porque el Senado es aliado nuestro, ya que no apeló la sentencia de nuestros aumentos y, por el contrario, los había aprobado.

Les pedimos que acepten voluntariamente la decisión del Poder Judicial, aunque por vuestra supremacía no vengan obligados. Además, no empece lo que dijera Montesquieu sobre la separación de poderes, esos aumentos son la manera en que nosotros concebimos la independencia judicial, la separación de poderes y la forma republicana de gobierno.

No permitan que nuestro auto prestigio judicial, aunque cuestionado por causa de decisiones nuestras que han permitido algunos feminicidios que algunos dicen que pudimos evitar, naufrague en su augusto seno.

No se preocupen si la sentencia que nos reconoció los aumentos fue dictada a base de la Resolución Conjunta del presupuesto sin una ley especial, como dice textualmente la Constitución en su Artículo VI, Sec. 11, ya que casi nadie la lee y otros ni siquiera saben que existe o se dejan llevar por nuestras doctrinas de que somos los supremos intérpretes finales de ella.

Y, además, para revocar nuestra decisión tendrían que enmendar la Constitución. En Estados Unidos enmendaron la suya en seis ocasiones, entre las que destacan las Enmiendas 13 y 14, para revocar la esclavitud y la desigualdad de las personas negras, que el poder judicial de ese país había validado, pero después de una guerra civil. En Puerto Rico no va a haber una guerra civil para eso.

Y no se preocupen, tampoco, por lo que piense o diga el pueblo porque, como ya hemos renunciado a nuestra «dignidad del silencio», podemos contrarrestar la opinión pública abiertamente con la ayuda de nuestros aliados políticos que nos nombran y confirman, por el deseo que muchos de ellos tienen de algún día formar parte de nuestra fraternidad y disfrutar de nuestros beneficios.

Respetuosamente sometido.

Vuestro admirador,

Poder Judicial 
Gabriel García Maya
Cabo Rojo

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