Mensaje de la Edición Vol. 2-2026
Lcda. Zoé Negrón Comas
Co-Presidenta de la Comisión de la Revista Jurídica
Buenas noches. Primero que todo mi agradecimiento a la compañera Myrta Morales Cruz por la iniciativa de organizar esta actividad en conmemoración del asesinato de Adolfina Villanueva. También a la Comisión especial de Vivienda y a la Comisión de la Mujer por su coauspicio. Gracias por permitirme compartir con ustedes unas ideas. He titulado esta presentación: “Adolfina en dos tiempos – Adolfina para TODOS los tiempos”.
Adolfina no era una mujer activista. Adolfina era una mujer de su tiempo. Su asesinato ocurrió en el 1980, un año precedido y seguido por la crisis económica, crisis de vivienda, movimientos sociales fuertes y lo que casi siempre le acompaña—represión política y fuerza policíaca. Esta ola represiva contra movimientos de resistencia se manifestó tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
En Puerto Rico, las décadas de los ‘60s y ‘70s vieron un gran auge de movimientos sociales en contra de la creciente militarización, movimientos estudiantiles, huelgas sindicales, y el rescate de terrenos. Todos estos movimientos surgen para responder a necesidades políticas y económicas del momento, pero también se fortalecieron por una unidad de propósito y la indignación ante el proceso de persecución que se vivió en esos tiempos. Eran otros tiempos, pero eran los mismos tiempos.
El gobernador era Romero Barceló, quien a pesar de haber llegado al poder con un discurso de ser hombre de pueblo y de buscar mejorar la situación económica del país, instauró uno de los ambientes más hostiles a la expresión política. Instrumentó una serie de medidas legales . . . digamos solo medidas . . . para contener la protesta social y política. Sus estrategias de control iban dirigidas particularmente contra las personas y agrupaciones que retaran las iniciativas económicas del PNP y a las agrupaciones independentistas. En el primer grupo entraron los sindicatos y este otro movimiento que se conoció en el momento como rescatadores de terreno. Sobre estas estrategias entiendo que todavía se desconoce en su totalidad el alcance y los daños que ocasionaron. Sabemos por ejemplo que durante su gobernación se crearon los “Escuadrones de la Muerte”, los y las unidades especiales de la policía para infiltrarse y “controlar” al movimiento independentista y la oposición a su gobierno. Sabemos de la poderosa banda criminal que surgió en la propia División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, bajo el mando del Teniente Coronel asesino llamado Alejo Maldonado y su Escuadrón de la Muerte conformado por una unidad élite de policías desalmados, informantes y encubiertos. Otras cosas quizás nunca sabremos.
La furia con la que trató el gobierno de Romero a los movimientos independentistas y sindicales la conozco bien. Recuerdo perfectamente cuando como niña acompañamos a mi papá a un piquete familiar que se realizó como parte de la huelga de la UTIER del 1977. Yo era muy pequeña como se imaginarán. Recuerdo que en el área donde estábamos la niñez, había juegos, títeres y actividades. Nuestros juegos fueron interrumpidos por nuestros padres que corrieron a protegernos de la Fuerza de Choque que venía a romper el piquete de los trabajadores mediante el ataque físico a sus familias. La furia, la falta de límites éticos, la violación crasa de derechos civiles y las prácticas de dudosa legalidad también caracterizaron las maneras en que el gobierno de Romero manejó a los grupos independentistas. Nunca podemos olvidar los asesinatos de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla; el asesinato de Santiago Chagui Mari Pesquera; el asesinato de Carlos Muñiz Varela; el asesinato del sindicalista Juan Rafael Caballero. Tampoco podemos olvidar la vigilancia y persecución de sectores del independentismo, las carpetas siendo solo un ejemplo que se hizo público. O la fuerza bruta con la que el gobierno respondió a las huelgas estudiantiles del ‘73, ‘76 y ‘81. Eran otros tiempos, pero eran los mismos tiempos.
Ese tiempo también fue el escenario de lo que la socióloga Liliana Cotto ha llamado un movimiento social, los rescates de terreno.[1] Interesante que les llamemos rescates de terreno; recuerdo la guerra discursiva entre los invasores y los rescatadores. Se trataba de tomas organizadas de pedazos de tierra por sectores empobrecidos sin acceso a vivienda. Era un proceso intencionado y consciente y por lo tanto evidentemente político. “Rescatar” significaba que había una idea de que su accionar no era criminal sino políticamente justificado. Su derecho a tener techo pesaba más que el derecho del OTRO rico de tener su propiedad.
Era un movimiento político que se unió a otros sectores sociales en lucha. Relata Liliana Cotto que, en 1975, el grupo de rescatadores de terreno se unió a los sindicatos en el Primero de Mayo. Esto logró la solidaridad de otros sectores, lo que los llevó a lo que se conoció como el piquete maratón frente a La Fortaleza que duró sesenta y ocho días. Para este tiempo, el entonces gobernador Rafael Hernández Colón logra una victoria legal. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso de Amézquita v. Hernández-Colón,[2] determina que las personas residentes en Villa Pangola no tenían ninguna expectativa de intimidad por encontrarse ilegalmente en esas tierras, aunque sus casas hubieran sido construidas con sus propios fondos, con sus propias manos y fuera el lugar donde formaron su hogar. Ante el conflicto entre la propiedad privada y la dignidad humana, el tribunal se alió con la propiedad. Eran otros tiempos, pero eran los mismos tiempos.
Y es en ese contexto que surge el caso de Adolfina, una mujer de sus tiempos. Que como ya se ha dicho aquí, era una mujer pobre, negra y brava. Adolfina construyó su hogar en las tierras donde había vivido toda su familia. Construyó su casita junto a su esposo con el permiso del dueño original de las tierras. Sin embargo, cuando el terrateniente millonario Vermundo Quiñones Mojica compró los terrenos donde ya residía Adolfina y su familia, este acudió al tribunal para hacer valer la ley—que su derecho a la propiedad va por encima de cualquier otra consideración y ninguna otra consideración debía ser evaluada—argumentó. Y después de años de litigio logró la orden de desahucio y dieciséis policías y cinco alguaciles acudieron al hogar de Adolfina para hacer valer la ley y el orden. Y una mujer les hizo frente. Y eso es imperdonable. Adolfina fue asesinada. El asesino fue absuelto. Se le trató de culpar a ella de su propia muerte, que no debía estar ahí, que le hizo frente a la policía, que cómo se atrevió. Nadie respondió por su muerte, o las heridas que sufrió su esposo, ni por la destrucción de sus cosas, ni por la destrucción de su casa, ni por la destrucción de la evidencia. Eran otros tiempos, pero eran los mismos tiempos.
Adolfina era una mujer de su tiempo. Pero, así como ella, aún hoy las personas que protestan se enfrentan a la furia, la fuerza y el castigo del gobierno. También hoy algunos tribunales al hacer el balance valorarán más la propiedad que el derecho al techo, la autoridad del uniforme por encima del derecho a vivir dignamente o protestar para exigirlo.
La protesta social implica una gesta intencional para desestabilizar y perturbar el orden de manera que se llame la atención a un reclamo particular. Son manifestaciones de la libertad de expresión que incomodan al orden social por diseño. Urgen, demandan, exigen. No se trata de expresiones anónimas o disimuladas. En la mayoría de las ocasiones se trata de expresiones ruidosas, disruptivas, performáticas, que requieren “poner el cuerpo”, exponerse y denunciar con fuerza y agitación. La persona que protesta, por lo tanto, es siempre vista desde el poder con recelo, como peligrosa para el orden.
En el caso de las mujeres que protestan, este actuar para desestabilizar y perturbar, molesta al poder de manera particular porque no solo desordena, sino que implica una ruptura además con los roles que se le han asignado. La mujer que protesta rompe con el orden de género y su mera presencia en la calle, reta la ubicación impuesta en las casas y a cargo del cuidado. Además, las formas de la protesta social tan públicas, tan ruidosas, tan expresivas, tan activas, tampoco se conforman a las maneras pasivas o delicadas que se asocian con lo femenino.
Las mujeres activistas, las mujeres que protestan, las mujeres que defienden son particularmente peligrosas para el orden social patriarcal que se instala desde el gobierno y que se resguarda en las normas de derecho. Estas mujeres son amenazantes porque al poner sus cuerpos para la denuncia pública llevan consigo no solo el contenido de su mensaje, sino que su presencia implica un ejercicio distinto al asignado a su género, una disidencia de su rol de cuidado y reproductivo. Las mujeres que protestan se alejan de ser el objeto de protección para convertirse en amenazantes a la seguridad.
También hoy, no solo en los ‘80s, vivimos una crisis de vivienda que afecta particularmente a la gente joven y pobre. Y siendo las mujeres las encargadas del cuidado y el grupo más representado de quienes viven en pobreza, este asunto es preciso mirarlo con lentes de género. La compañera Erika Fontánez en su artículo, La política jurídica de la propiedad en Puerto Rico: Un abordaje crítico feminista en busca de igualdad y equidad para las mujeres, indicaba que, aunque no existían en el momento datos específicos que reconozca no solo las necesidades particulares de las mujeres en acceder a vivienda o de su rol protagónico en las luchas por protegerla, sí existen muchos indicadores y experiencias vividas que señalan a las mujeres como centrales en las luchas por la vivienda y la comunidad.[3]
La situación de las mujeres, particularmente de las mujeres negras e inmigrantes está atada a la pobreza, y con ella la falta de vivienda como una manifestación de la misma. El perfil de la situación socioeconómica de las mujeres en Puerto Rico realizado por Estudios Técnicos, Inc. y United Way de Puerto Rico indica que sobre el 56% de las familias lideradas por mujeres viven bajo los niveles de pobreza.[4] Y en las familias lideradas por mujeres en donde hay menores de 18 años, ese número aumenta a 70.6%.[5] Siendo las encargadas principales del cuidado de sus familias y de sus comunidades, no nos debe extrañar que hayan identificado el acceso a vivienda asequible y segura como la necesidad número uno.
Adolfina fue una mujer de su tiempo. Y los ‘80s eran otros tiempos, pero eran los mismos tiempos. El tiempo de la pobreza, de la exclusión de sectores grandes de la población, particularmente de mujeres y de mujeres negras. Pero hoy también son esos tiempos. Y como en los ‘80s también hoy vivimos la pobreza, la exclusión y la respuesta fuerte del Estado ante la protesta que cuestione el orden. Por eso hablar de Adolfina se puede hacer en dos tiempos y en todos los tiempos.
* Este mensaje se compartió el 6 de febrero de 2026 en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el conversatorio Viva en la Memoria: la figura de Adolfina Villanueva y su importancia en estos momentos históricos coauspiciado por la Comisión Especial sobre el Derecho a la Vivienda y la Comisión de la Mujer.
** Catedrática de la Facultad de Derecho, UIPR. Especialista en asuntos de género y derechos humanos.
[1] Véase Liliana Cotto Morales, Desalambrar: orígenes de los rescates de terreno en Puerto Rico y su pertinencia en los movimientos sociales contemporáneos (2006).
[2] Véase Amézquita v. Hernández-Colón, 518 F.2d 8 (1st Cir. 1975). La decisión del Tribunal de Distrito que antecedió este fallo se encuentra en Amézquita v. Hernández Colón, 378 F. Supp. 737 (D.P.R. 1974).
[3] Véase Érika Fontánez Torres, La política jurídica de la propiedad en Puerto Rico: Un abordaje crítico feminista en busca de igualdad y equidad para las mujeres, en Fundamentos del Derecho Civil y Comercial (2012).
[4] Véase Estudios Técnicos, Inc. y United Way de Puerto Rico, Estudio sobre el perfil, situación actual y aspiraciones de las mujeres en Puerto Rico 2022 (2023)(disponible en https://unitedwaypr.org/wp-content/uploads/2023/03/ESTUDIO-MUJER-Y-EQUIDAD-UWPR-2022.pdf).
[5] Id.
Lcda. Zoé Negrón Comas
Co-Presidenta de la Comisión de la Revista Jurídica
Lcda. Laura Beatriz Arroyo Lugo
Ensayo
Lcda. Vivian Godineaux Vilaronga
Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Lcdo. Nicolás Ramos Ortiz, Dr. Roberto Olmeda Rosario y Prof. Christopher Cordero Miranda
Artículo