Legal Trends: Puerto Rico ante las tendencias del mercado legal tecnológico — Informe de Encuesta 2025*

Lcda. Emily Colón Albertorio** Lcdo. Manuel Quilichini García*** Lcdo. Miguel Marrero Sánchez**** Lcdo. Rafael Juarbe Pagán*****

I. Introducción

En 2024, el Instituto de Educación Práctica (IEP) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) comenzó a documentar sistemáticamente el estado de la adopción tecnológica en la profesión legal puertorriqueña. La primera edición de la encuesta se desarrolló en conjunto con la empresa LawPay. En 2025, el ejercicio se realizó de forma orgánica, bajo el auspicio del IEP y en estrecha colaboración con la Comisión de Tecnología del CAAPR. La encuesta fue distribuida en nueve ocasiones a los aproximadamente 14,900 abogados y abogadas activos en Puerto Rico, y obtuvo 223 respuestas voluntarias.

Aunque la muestra no es probabilística, su tamaño es comparable al de estudios de referencia como el realizado por Clio-Caseload (256 respuestas) y no dista significativamente de los grandes estudios norteamericanos como el Legal Trends Report, que captura datos de más de 150,000 profesionales.[1] Los panelistas coincidieron en que la encuesta ofrece una referencia válida para identificar tendencias en el uso de la tecnología en el ejercicio del Derecho en la Isla, con la advertencia de que, como ocurre en cualquier encuesta sobre tecnología, existe un sesgo natural hacia quienes ya se sienten más cómodos con los temas digitales.

El presente artículo analiza los resultados de la Encuesta 2025 organizados en siete áreas temáticas: [2] (1) perfil demográfico de los encuestados; (2) adopción de la inteligencia artificial en las oficinas legales; (3) uso de tecnología especializada; (4) modelos de facturación e integración de la tecnología; (5) trabajo remoto; (6) ciberseguridad y ética; y (7) perspectiva a futuro.

II. Perfil demográfico de los encuestados

A. Tamaño de las oficinas

Los resultados reflejan, de manera consistente con el perfil real de la profesión legal en Puerto Rico, que la práctica está dominada por oficinas pequeñas. El 68 % de los encuestados trabaja como solo practitioner, el 22 % en oficinas de dos a cinco abogados, el 8 % en oficinas de seis a veinte, y apenas el 2 % en firmas de más de veinte profesionales. En suma, nueve de cada diez personas encuestadas pertenecen a oficinas pequeñas de hasta cinco abogados. Esta distribución condiciona directamente las recomendaciones de política tecnológica: las soluciones propuestas deben ser accesibles, costo-efectivas y escalables para el solo practitioner.

B. Años de experiencia

El 66.4 % de los encuestados lleva más de veinte años en la profesión, el 17.9 % entre once y veinte años, el 10.3 % entre uno y cinco años, y solo el 5.4 % entre seis y diez. Asumiendo que la entrada a la profesión ocurre entre los veintiséis y los treinta años, se estima que aproximadamente dos tercios de quienes respondieron tienen al menos cuarenta y seis años. Este perfil etario tiene implicaciones directas para el diseño de programas de capacitación tecnológica. Los panelistas subrayaron que se tiende a subestimar la disposición de los profesionales con mayor experiencia hacia la adopción de nuevas herramientas, y que los datos de la encuesta demuestran que la adopción tecnológica está ocurriendo a todos los niveles generacionales.

C. Áreas de práctica y tipo de clientela

Las áreas de práctica predominantes entre los encuestados son: civil (37.7 %); mezcla de prácticas (26.5 %, que incluye laboral, corporativo, inmigración, quiebra, comercial, penal, bienes raíces y otros); notarial (15.2 %); sucesiones (12.1 %) y familia (8.5 %). El 73.1 % de los encuestados atiende principalmente a clientes individuales. Esta concentración en la práctica civil y la clientela individual es relevante porque define el tipo de herramientas tecnológicas que resultan más pertinentes y las barreras de adopción más probables—particularmente las relacionadas con el costo y la accesibilidad.

III. Adopción de la inteligencia artificial en las oficinas legales

A. Panorama general: crecimiento exponencial en un año

Uno de los hallazgos más significativos de la Encuesta 2025 es el salto en la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa. En 2024, dos de cada diez abogados indicaron haber adoptado e integrado la IA en sus labores. En 2025, esa cifra se elevó a casi siete de cada diez: el 61.4 % de los encuestados indicó utilizar herramientas de IA generativa en su práctica. El 33.2 % no utiliza IA, y el 5.4 % desconoce las herramientas disponibles. Esto representa un aumento de más del 250 % en la adopción en un solo año.

Sin embargo, este crecimiento no debe interpretarse de forma acrítica. La proliferación de mercadeo en torno a la IA generativa ha impulsado la adopción de herramientas generales—como ChatGPT—sin que necesariamente haya una comprensión profunda de sus capacidades y limitaciones. La preocupación central no es la adopción en sí, sino la adopción responsable, informada y supervisada. El ecosistema de noticias y productos sobre IA es tan vertiginoso que la industria entera parece correr, y hay muchos profesionales que abren una cuenta gratuita sin saber exactamente para qué ni cómo utilizarla de forma éticamente correcta.

B. Tareas principales: investigación legal y redacción de escritos

Entre los 163 usuarios de IA identificados en la encuesta, las dos tareas que concentran el uso son: investigación legal (36.9 %) y redacción de escritos (31.2 %). En menor medida, se reportó el manejo de carga de trabajo—creación de documentos, envíos automatizados, recordatorios—(9 %) y el manejo de correspondencia (4.3 %). Otros usos reportados incluyen análisis de evidencia, análisis económicos de ofertas y métricas financieras.

El uso de IA general—no especializada—para investigación jurídica es el punto de mayor preocupación y uno de los factores que explica los casos de hallazgos de citas ficticias y alucinaciones documentados en los tribunales de Puerto Rico y en los circuitos federales. La investigación legal requiere verificación rigurosa de fuentes, y las herramientas generales de IA no están diseñadas ni optimizadas para esa función específica.

C. Adquisición de herramientas especializadas: la brecha persistente

A pesar de que el 61.4 % de los encuestados usa IA de forma general, solo el 22.4 % ha adquirido una herramienta legal con IA integrada. El 65.9 % no ha adquirido ninguna, y el 11.7 % no está seguro. Esta brecha—casi cuarenta puntos porcentuales entre quienes usan IA y quienes han invertido en herramientas especializadas—sugiere que la mayoría está recurriendo a plataformas genéricas para tareas que requerirían herramientas diseñadas específicamente para el ámbito jurídico.

Dos factores que explican esta brecha: el costo y la limitada oferta de herramientas especializadas calibradas para el mercado legal puertorriqueño. En comparación, en los Estados Unidos el 40 % de los profesionales utiliza herramientas especializadas, en parte porque la práctica es más lucrativa y la oferta de soluciones es más amplia. La ausencia de herramientas adaptadas a la jurisdicción y al español jurídico de Puerto Rico es una limitación estructural del mercado.

D. Criterios de selección: confianza versus confidencialidad

A los encuestados que sí han adquirido herramientas legales con IA integrada se les preguntó qué factores consideran al escogerlas. Los resultados presentaron un hallazgo llamativo: la confianza en resultados (41.5 %) supera ampliamente a la ética (14.8 %), el costo (13.7 %), la integración con software existente (10.9 %) y la confidencialidad (9.3 %).

Que la confidencialidad aparezca en último lugar resulta particularmente preocupante en un contexto donde el deber de confidencialidad es uno de los pilares éticos de la profesión y uno de los comentarios específicos de la Regla 1.19 de las nuevas Reglas de Conducta Profesional.[3] Los panelistas señalaron que este resultado puede estar reflejando una falta de educación sobre los riesgos que implica el suministro de información de clientes a sistemas de IA, más que una indiferencia deliberada hacia la ética.

E. Impacto en productividad: ahorros reales y medibles

Los usuarios de IA que participaron en la encuesta reportaron ahorros significativos de tiempo: el 65.8 % ahorra entre una y cinco horas semanales, el 24 % entre seis y diez horas, y el 10.2 % ahorra once o más horas por semana. En total, el 89.8 % ahorra entre una y diez horas semanales, lo que representa entre el 12 y el 25 % de una semana laboral típica. Estos ahorros tienen un impacto directo en la calidad de vida profesional: un día completo de trabajo devuelto a la semana es una transformación sustancial, especialmente para el solo practitioner que lleva la carga administrativa de su práctica sin personal de apoyo. No obstante, se reitera la importancia de documentar el tiempo invertido para poder medir con precisión estos ahorros y para cumplir con los requisitos de facturación ética que establecen las nuevas Reglas de Conducta Profesional.

F. Expectativas sobre el uso de la IA

Al consultar qué beneficios esperan obtener del uso de la IA (pregunta de selección múltiple, 212 respuestas), los tres resultados principales fueron: mejorar la productividad (68.4 %), ahorro de recursos humanos, económicos y de tiempo (45.3 %), e investigación jurídica y redacción de documentos (42.5 %). También se destacaron el reemplazo de tareas repetitivas (28.3 %), la mejora del servicio al cliente (25.5 %) y la reducción de errores humanos (18 %). Solo el 8.5 % expresó no considerar útil la IA en su práctica, lo que confirma una disposición mayoritaria hacia su adopción aunque persistan retos de conocimiento y aplicación.

IV. Uso de tecnología especializada

A. Software de gestión de oficinas: la brecha más profunda

El 67.6 % de los encuestados no utiliza ningún software de gestión de oficinas especializado. Esta brecha contrasta marcadamente con la situación en los Estados Unidos, donde el software de gestión de práctica es considerado estándar incluso entre los solo practitioners, con tasas de adopción que rondan el 59 %. En Puerto Rico, la dependencia de métodos manuales o herramientas genéricas dispersas puede resultar, paradójicamente, más costosa en dinero y tiempo que la adopción de una solución integrada. El miedo al cambio y el desconocimiento de la oferta disponible como los factores principales, más allá del costo.

B. Uso de la nube para documentos y expedientes

El 62.8 % de los encuestados utiliza soluciones en la nube para la gestión de documentos y expedientes. Este es el dato más alto y consistente de toda la encuesta. La adopción masiva de herramientas como Google Drive y OneDrive refleja que la digitalización básica del manejo documental ya está ocurriendo en la mayoría de las oficinas. Este es el punto de partida natural para introducir herramientas más sofisticadas, dado que quien ya trabaja en la nube ha superado la barrera conceptual fundamental.

C. Principales retos con la tecnología

Al preguntar sobre los principales obstáculos para la adopción tecnológica (214 respuestas, selección múltiple), los resultados fueron: aprendizaje y capacitación (37 %), costo (18 %), compatibilidad con los sistemas judiciales SUMAC y SIGNO (17 %), seguridad y protección de datos (16 %), dificultad para evaluar nuevas herramientas (14 %), fallas técnicas o falta de apoyo técnico (13 %) y acceso limitado a recursos tecnológicos (12 %). El aprendizaje como principal obstáculo es una oportunidad antes que un problema: indica que hay disposición a aprender, pero falta orientación estructurada. En contraste con lo que frecuentemente se asume, la resistencia al cambio (6 %) es el obstáculo menos citado.

V. Modelos de facturación e integración de la tecnología

A. El modelo por hora bajo presión normativa

La tarifa por hora sigue siendo el modelo de facturación predominante (42.2 %), seguido por el modelo híbrido (29.1 %), la tarifa fija (24.3 %) y la contingencia (2.9 %). Menos del 2 % ha experimentado con el modelo de suscripción. El 76 % indicó que nunca ha experimentado con un modelo de facturación alternativo.

Es importante considerar las implicaciones que tendrán las nuevas Reglas de Conducta Profesional, vigentes a partir de enero de 2026, para quienes facturan por hora: las reglas establecen que no se puede cobrar por trabajo que la IA realizó en fracción del tiempo que tomaría manualmente, y que la facturación debe corresponder al valor del trabajo efectivamente realizado. Se proyecta que quienes no adopten el ajuste al modelo híbrido podrían perder aproximadamente $27,000 anuales en facturación al no alinear sus honorarios con la nueva realidad tecnológica.

B. Transformación digital en los métodos de pago

El 70.9 % de los clientes prefiere métodos de pago no tradicionales—ATH Móvil, tarjeta de crédito, PayPal, Venmo, financiamiento, mientras que solo el 29.1 % continúa prefiriendo efectivo o cheque. A pesar de ello, el 76 % de los encuestados todavía opera predominantemente con modelos de cobro tradicionales, lo que refleja una distorsión entre lo que el cliente quiere y lo que la práctica ofrece. El 70 % de quienes ya utilizan la tecnología para cobrar reportó un impacto positivo o muy positivo en su flujo de efectivo; apenas el 1 % reportó impacto negativo.

VI. Trabajo remoto

A. Adopción del modelo remoto e híbrido

El 38.7 % de los encuestados trabaja de forma presencial o casi exclusivamente presencial (0–25 % remoto). El 61.3 % restante trabaja en modalidad remota o híbrida en algún grado: el 19.8 % entre el 26 y el 50 % del tiempo, el 21.2 % entre el 51 y el 75 %, y el 20.3 % más del 75 % del tiempo de forma remota. En síntesis, seis de cada diez abogados encuestados trabajan de forma remota más de un día a la semana.

B. Herramientas de videoconferencia: la hegemonía de Zoom

El 82.2 % de los encuestados utiliza Zoom para comparecencias remotas en tribunales y agencias, el 12.6 % utiliza Microsoft Teams—principalmente asociado a comparecencias ante agencias administrativas del gobierno de Puerto Rico—y el restante 5 % usa Webex u otras plataformas. La estandarización del Sistema Judicial de Puerto Rico en Zoom explica esta concentración. Este nivel de dependencia de un solo proveedor también crea vulnerabilidades.

C. Preferencias de modalidad según tipo de asunto

La preferencia por la modalidad presencial o remota varía significativamente según el tipo de diligencia. Para vistas de estatus, el 80 % prefiere la modalidad remota—reflejo de que esta es una diligencia rutinaria de corta duración cuya presencialidad implica costos desproporcionados en tiempo y recursos. Para juicios en su fondo, el 74 % prefiere la presencialidad, dada la importancia de la observación directa de los testigos, la presentación de evidencia y la dinámica de sala.

D. Obstáculos infraestructurales: Internet y electricidad

Los principales obstáculos identificados para el trabajo remoto o híbrido son: problemas de conectividad a Internet (61 %), seguido de cerca por problemas de energía eléctrica (49.5 %). Estas cifras apuntan a una realidad estructural que trasciende la voluntad individual de los profesionales: la fragilidad de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones de Puerto Rico es una barrera sistémica para la adopción plena del trabajo remoto en la práctica legal. Otros obstáculos incluyen la evaluación de la credibilidad de testigos en modalidad virtual (30.7 %), la dificultad para comunicarse (26 %) y las preocupaciones de seguridad y confidencialidad (21 %).

VII. Ciberseguridad y ética profesional

A. Estado de los protocolos de ciberseguridad: déficit generalizado

Los datos de la encuesta revelan un déficit preocupante en la implementación de protocolos formales de ciberseguridad. Solo el 29.3 % cuenta con protocolos formales y documentados; el 19.7 % tiene medidas informales o parciales; el 32.3 % no cuenta con ningún tipo de protocolo; y el 18.7 % no está seguro de tenerlos. En total, más de la mitad de los encuestados—51 %—no cuenta con protocolos establecidos o no sabe si los tiene.

B. Medidas implementadas: lo básico predomina

Entre quienes sí tienen algún tipo de protocolo (134 respuestas), las medidas más comunes son: gestión de contraseñas seguras y autenticación multifactor (55 %), copias de seguridad regulares o backups (52 %), uso de firewalls y software antivirus o antimalware (49 %), cifrado de datos en dispositivos y en la nube (38 %) y políticas de acceso y permisos para usuarios (33 %). Medidas más avanzadas como VPN (24 %), monitoreo de sistemas (21 %), protocolos de respuesta ante incidentes (13 %) y capacitación en ciberseguridad para el personal (11 %) tienen una penetración mucho menor.

C. “Data breach” y conciencia ética

El 94.9 % de los encuestados reportó no haber sufrido ningún data breach en los últimos dos años. Los panelistas matizaron este dato señalando que la pregunta es si realmente no han ocurrido, o si simplemente no han sido detectadas. El 85.3 % indicó estar consciente de su obligación ética de mantener competencia tecnológica. Este nivel de conciencia es alentador, pero los panelistas advirtieron que conocer la obligación no equivale necesariamente a cumplirla: el 32.3 % que sabe que tiene el deber pero no ha implementado ningún protocolo de ciberseguridad es el ejemplo más claro de esa brecha entre conciencia y acción.

D. Nivel de capacitación en tecnología legal

La formación tecnológica de la profesión legal en Puerto Rico tiende a ser básica o autodidacta. El 26 % no tiene ninguna capacitación. El 42.5 % tiene capacitación básica y el 16.9 % intermedia—en conjunto, el 59.4 % se ubica en los niveles inferiores de la escala. Menos del 10 % cuenta con preparación avanzada. Esta distribución señala una necesidad urgente de programas educativos estructurados, progresivos y accesibles.

VIII. Perspectiva a futuro

A. Tecnologías con mayor impacto proyectado en cinco años

Al preguntar qué tecnologías anticipan que tendrán mayor impacto en los próximos cinco años (216 respuestas, selección múltiple), los resultados fueron: inteligencia artificial y automatización (67.6 %), firma electrónica (48.6 %), automatización notarial (40.3 %), tecnología para tribunales virtuales y justicia digital (37.5 %), ciberseguridad avanzada (28 %) y cloud computing (24 %). El alto porcentaje de la firma electrónica como tecnología de alto impacto proyectado llama la atención, dado que esta tecnología no es nueva. Esa percepción de alta relevancia futura puede indicar el reconocimiento de que su adopción en Puerto Rico sigue siendo limitada, así como el interés creciente por la firma electrónica notarial.

B. Apoyo institucional solicitado al CAAPR

Al preguntar qué tipo de apoyo desean recibir del CAAPR para facilitar la adopción tecnológica (220 respuestas), el 74.1 % solicita más capacitaciones. El 11.4 % solicita negociación con proveedores para obtener descuentos o licencias grupales. El restante 14.5 % identificó otras necesidades como certificaciones y foros de discusión. Los panelistas subrayaron que la demanda de capacitación es clara y consistente a lo largo de toda la encuesta: aparece también como principal obstáculo tecnológico (37 %) y como expectativa de apoyo institucional.

IX. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de la Encuesta 2025 configuran un panorama de transición: la profesión legal en Puerto Rico está adoptando la tecnología a un ritmo acelerado—el salto del 20 % al 61.4 % en el uso de IA en un solo año es dramático—pero esa adopción es, en su mayoría, superficial. La mayor parte de los profesionales usa herramientas generales no diseñadas para el ámbito jurídico, sin protocolos formales de supervisión, sin formación avanzada y sin infraestructura tecnológica integrada. De la Encuesta 2025, surgen cinco conclusiones fundamentales:

La adopción responsable de la IA es la prioridad. El crecimiento en el uso de IA es bienvenido, pero solo tiene valor si va acompañado de comprensión de las herramientas, supervisión humana adecuada y verificación de los outputs. El uso de IA general para investigación jurídica sin estos controles es el vector de riesgo más inmediato para la profesión.

La Regla 1.19 impone un mandato, no una sugerencia. Las nuevas Reglas de Conducta Profesional, vigentes a partir de enero de 2026, establecen el deber de competencia tecnológica como norma ética exigible. Los patrones documentados en la jurisprudencia reciente—sanciones por citas falsas generadas por IA, referidos a colegios disciplinarios, advertencias judiciales— indican que los tribunales serán progresivamente más estrictos en su aplicación.

El software de gestión de práctica es la inversión más subestimada. El 67.6 % que no usa ningún software de gestión probablemente está pagando más, en dinero y tiempo, con soluciones dispersas que con una plataforma integrada.

Los modelos de facturación deben evolucionar. La prevalencia del modelo por hora en una era de eficiencia tecnológica crea tensiones éticas y económicas que las nuevas reglas de conducta profesional están comenzando a resolver. El modelo híbrido—tarifa fija para tareas rutinarias, por hora para tareas complejas—es la respuesta que el mercado norteamericano ya está adoptando.

La infraestructura eléctrica y de Internet es una barrera sistémica que no depende de la voluntad individual. El 61 % que identifica los problemas de conectividad como obstáculo principal para el trabajo remoto no puede resolverlos con educación o inversión individual: requiere atención a nivel de política pública y de infraestructura nacional.

El CAAPR y su Comisión de Tecnología han identificado correctamente el camino: la encuesta, los talleres formativos, el podcast institucional y la Convención de Tecnología Legal son manifestaciones de una estrategia institucional coherente para elevar el estándar tecnológico de la profesión. Los resultados de la Encuesta 2025 ofrecen la evidencia empírica que debe informar la próxima fase de esa estrategia.

* Este artículo recoge los hallazgos del Informe del Uso de la Tecnología en la Práctica Legal de Puerto Rico (Encuesta 2025), presentados en el panel “Legal Trends: Puerto Rico ante las tendencias del mercado legal tecnológico” en la Segunda Convención de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el 24 de octubre de 2025. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para asistir en la organización del material en forma de artículo.

** Pasada Directora Ejecutiva del Instituto de Educación Práctica, recurso de educación jurídica continua en materia de tecnología e integrante de la Comisión de Tecnología del CAAPR.

*** Ex presidente del CAAPR y cofundador de la Comisión de Tecnología. Profesor de derecho en materias de administración de la práctica, evidencia electrónica y competencia tecnológica.

**** Actual Director Ejecutiva del Instituto de Educación Práctica, recurso de educación jurídica continua en materia de tecnología y Presidente de la Comisión de Tecnología del CAAPR.

***** Natural de Utuado, cuenta con estudios doctorales en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco y se desempeña como profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en la Maestría en Litigación y Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. Es autor del libro Conecta: Una guía para procesos de mediación de conflictos. Actualmente preside Professional Hubs, una plataforma tecnológica para la práctica legal, desde donde integra su experiencia jurídica, académica y administrativa para promover la innovación, el diálogo y la transformación social.

[1] Clio, Legal Trends Report (2024).
[2] Encuesta 2025 del Instituto de Educación Práctica del CAAPR.
[3] R. de Conducta Prof. PR 1.19 (Resolución ER-2025-02, aprobada el 17 de junio de 2025).