Mediante la Ley Núm. 43, antes mencionada, se instituyó la obligación de colegiarse como requisito y condición previa al ejercicio de la profesión en Puerto Rico. Dicho requisito prevaleció hasta que, luego de retos litigiosos y vaivenes legislativos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó, en el caso Rivera Schatz vs. ELA 191DPR449 (2014), revocando decisiones suyas previas, que la colegiación compulsoria de profesionales o técnicos mediante disposición legislativa no es constitucionalmente válida. Esta decisión afecta a todas las profesiones u oficios colegiados del País.

No obstante, el Colegio ha continuado su labor en beneficio tanto de la abogacía como de la sociedad en general, manteniendo su sentido de pertenencia, con el respaldo de los y las integrantes voluntarios y de la sociedad civil en general.

Hoy podemos decir con orgullo que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sigue presente en la vida e historia de nuestro País, con la misma entrega y entusiasmo que históricamente lo ha caracterizado y aportando desde nuestra particular atalaya, al desarrollo de nuestra sociedad.