El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) exhortaron a la Asamblea Legislativa a abrir un proceso participativo e inclusivo para cualquier futura reforma a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019), que incorpore a organizaciones especializadas, periodistas, la academia y las comunidades.  

Así lo recoge el Informe tras vistas públicas sobre los Proyectos del Senado 63 y 331 que buscan restringir el derecho de acceso a la información en Puerto Rico. El documento de 44 páginas, que será entregado a todos los legisladores, se produce luego de haber recibido ponencias de 13 instituciones y personas durante las vistas públicas ciudadanas que se celebraron el 19 y 20 de mayo, convocadas por la Comisión de Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales junto a la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, en conjunto con el Programa de Transparencia del CPI.

“Las vistas públicas ciudadanas ofrecieron un espacio necesario, y que no se hizo disponible por la Asamblea Legislativa”, destaca el informe.

Entre sus hallazgos, menciona que los Proyectos del Senado 63 y 331 tendrán un impacto negativo en comunidades vulnerables y la fiscalización de la gestión gubernamental. “El consenso fue claro: cualquier cambio legislativo debe orientarse a ampliar el acceso, reforzar la fiscalización pública, y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado”, añade.

Organizaciones como Vínculo Animal Puerto Rico enfatizaron que el P. del S. 63 genera obstáculos y excluye de facto a sectores vulnerables que carecen de vivienda estable o que residen en zonas rurales desconectadas, porque impone nuevos requisitos burocráticos que afectan a personas sin dirección física o sin conectividad.

Entre los participantes, las organizaciones Kilómetro Cero y el Observatorio de Equidad de Género denunciaron que clasificar como confidenciales las bases de datos sobre causas de muerte —como pretende hacer el Proyecto del Senado 331— impedirá el desarrollo de investigaciones críticas sobre feminicidios, uso de fuerza policial y muertes de personas bajo custodia del Estado.

“La restricción implica, además, que las organizaciones de la sociedad civil, fundamentales para el control y la supervisión de las acciones del Estado, perderán terreno en su capacidad de denuncia… El poder público podría maquillarse con estadísticas y cifras engañosas que minimicen la realidad de la violencia, dejando a las víctimas y a sus familias en la incertidumbre y el olvido”, planteó la Directora Ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, una de las 13 panelistas.

Las ponencias reflejaron también que la Ley 141, según fue aprobada por el gobernador Ricardo Rosselló en 2019, no ha sido efectiva. “Esto se debe a falta de cumplimiento y voluntad institucional”, resaltó el panel.  Por ejemplo, la organización Sembrando Sentido destacó que el tiempo promedio de respuesta a solicitudes actualmente es de 28 días, pero ha tenido casos que han tomado hasta 186 días, a pesar de que la Ley 141 cuenta con términos menores.

Por su parte, el codirector del Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Lcdo. Luis José Torres Asencio, expuso que, previo a la Ley 141, las agencias respondían un 47.6% de las solicitudes de acceso a información. Ese número cayó al 33% luego de su aprobación. “Es decir, la aprobación de Ley 141 vigente tuvo el efecto de obstaculizar el acceso. Además, señaló que el tiempo promedio de respuesta aumentó de 26 a 39.2 días laborables, lo que confirma un deterioro estructural en el cumplimiento gubernamental”, recoge el informe.

Entre sus conclusiones, el panel también comenta que el Proyecto del Senado 63 limita la capacidad de los Tribunales para imponer sanciones disuasivas efectivas, y que el trámite legislativo ha sido defectuoso y requiere amplia participación ciudadana.

El panel de las vistas públicas ciudadanas estuvo compuesto por Carla Minet, Directora Ejecutiva del CPI; las licenciadas Vivian Michelle Pellicier Quiñones y Zoé C. Negrón Comas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; y el licenciado Carlos F. Ramos Hernández, abogado del Programa de Transparencia del CPI.

Ninguna de estas medidas fue aprobada por la gobernadora Jenniffer González al culminar la primera Sesión Ordinaria del cuatrienio, lo que implica que se tendrían que volver a radicar y empezar el trámite nuevamente para ser reconsideradas.

El P. del S. 63 había sido referido a la Comisión de Gobierno del Senado, pero no se rindió informe sobre la medida. En cambio, el P. del S. 331 no fue aprobado al culminar la primera Sesión Ordinaria de la 20ma. Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Se adjunta enlace con el Informe tras vistas públicas sobre los Proyectos del Senado 63 y 331 .