Desde la Cumbre sobre el Reto Demográfico de Puerto Rico hasta el Curso de Los derechos reproductivos ante el reto de demográfico de Puerto Rico*

Dra. Migdalia Fraticelli Torres**

El 20 de marzo de 2024, el Colegio de Abogados y Abogadas y la Universidad de Puerto Rico coauspiciaron la Cumbre sobre el Reto Demográfico de Puerto Rico, organizada por la Comisión de Derecho Civil del Colegio. Participaron de este encuentro, como conferenciantes, ponentes y panelistas, más de cuarenta estudiosos del fenómeno demográfico que afecta al país, especialistas en demografía, ciencias jurídicas, educación, vivienda, asuntos de la tercera edad, salud, economía, desarrollo económico, entre otras disciplinas.   

El Colegio de Abogados y Abogadas se unió así a los esfuerzos colectivos del sector privado para colaborar en la elaboración de las políticas públicas poblacionales que Puerto Rico necesita con urgencia para atender los efectos inmediatos y a largo plazo del declive poblacional y el envejecimiento de su población. Fue este el objetivo medular de la Cumbre.

En ese importante evento, se discutieron algunos de los problemas más apremiantes que genera la crisis demográfica en las áreas de educación y emprendimiento, vivienda y cuidados de adultos mayores, salud y envejecimiento poblacional y trabajo y desarrollo económico. Se organizó la discusión en cuatro mesas de trabajo, cuya deliberación, conclusiones y recomendaciones se presentaron en la reunión plenaria y se perpetuaron luego en el Informe de la Cumbre sobre el Reto Demográfico, presentado el 20 de marzo de 2025 en el Colegio.

Aunque también se trataron marginalmente los temas de la marcada baja en la tasa de natalidad y la emigración de los jóvenes en edad reproductiva, por ser medulares en el análisis de las causas que provocan el acelerado declive poblacional del país, la Comisión deliberadamente decidió excluirlos como temas puntuales del programa de la Cumbre de 2024. Entendió que requerían un tratamiento más pausado, con la participación de ciertos sectores de la sociedad civil que podían aportar información y experiencias particulares para su mejor y mayor comprensión y entendimiento. Su discusión se daría posteriormente con la asistencia de personas y entidades que ya hubieran considerado su importancia y alcance. No obstante, ambos temas, baja natalidad y emigración de los jóvenes, como hemos adelantado, surgieron espontáneamente en las cuatro mesas de trabajo.

Sobre el tema de la baja tasa de natalidad, el Informe de la Cumbre sobre el Reto Demográfico de Puerto Rico (2024) concluye lo siguiente:

La discusión en torno al tema de qué políticas públicas pueden incentivar el nacimiento de niños en Puerto Rico, ante la preocupante baja en las tasas de fecundidad y natalidad, sin intervenir con el derecho de las personas a decidir si quieren tener prole o no tenerla, reveló una realidad paradójica en nuestro país, pues durante décadas se adoptaron políticas dirigidas al control de la natalidad. Las políticas iniciadas en el siglo pasado produjeron dos resultados exitosos: primero, permitieron que la mujer se integrara al mercado de trabajo fuera del hogar, al tener menos hijos e hijas, lo que sentó las bases para una mayor libertad e igualdad entre los géneros; segundo, redujo de manera significativa la tasa de natalidad a partir de mediados del siglo pasado, de 5.2 hijos en 1950 a menos de 1 hijo en la década que va corriendo. ¡Así fueron de efectivas!

Para los ponentes y panelistas que participaron de la Cumbre esas políticas de control de natalidad sembraron el germen de la situación actual y “cambiaron la memoria de los puertorriqueños sobre cómo vemos a los niños”, es decir, no como una realización personal o una esperada aportación generacional a la sociedad, sino como un bien inferior, en términos economicistas, que genera gastos y disminuye el ingreso total al que aspiran los progenitores.

La celebración del éxito que suponen los logros alcanzados por las mujeres en todos los campos sociales y su empoderamiento para tomar decisiones sobre su cuerpo y su persona, así como sobre sus aspiraciones y expectativas, tiene que enfrentarse al hecho de que son las mujeres las que se embarazan por nueve meses y paren a una criatura que requiere atención esmerada por largo tiempo. Y socialmente todavía se les asigna a las mujeres el rol principal de cuidadoras de sus hijos e hijas.

Considerando la certeza de esos datos, toda política pública dirigida a que aumente la tasa de nacimientos por mujer en edad reproductiva tiene que atender esa realidad y procurar, de un lado, el respeto a los derechos reproductivos de la mujer en todas sus fases y, de otro, el facilitar y apoyar su decisión de tener hijos mediante el método que ella sola o con su pareja escojan: naturalmente, por métodos de reproducción asistida realizados en su propio cuerpo, por maternidad subrogada en sus dos modalidades, gestacional y tradicional, o por adopción. Disponibles esos métodos, hay que regular mejor sus procesos y consecuencias, pero también hay que hacerlos económicamente accesibles, viables y sostenibles.

De otra parte, la formación de esa nueva familia exige un techo seguro y adecuado, servicios de salud disponibles con la inmediatez que exige el tipo de afecciones que presentan los infantes, niños y adolescentes, transportación, entretenimiento, escolaridad, desarrollo de talentos y habilidades especiales o atención especializada cuando hay discapacidades, en fin, todo un conjunto de imperativos que representan una carga significativa en el presupuesto familiar. Si para cubrir esas necesidades ambos progenitores tienen que trabajar, el costo aumenta cuando hay que cubrir también el cuidado regular en los llamados centros maternales o preescolares.

Toda esa economía doméstica parecería ser responsabilidad única del núcleo familiar, pero no debe serlo si esperamos a cambio más reproducción y aumento de la tasa de natalidad. Existen ya en Puerto Rico deducciones contributivas por hijo y es posible la extensión de cubierta en los planes de salud familiares. No obstante, eso puede no ser suficiente para estimular a un joven a tener hijos o iniciar una familia, por los costos que la prole representa para el núcleo familiar, sobre todo para jóvenes adultos que comienzan su actividad económica con marcadas limitaciones y expectativas. El subsidio de esa carga formativa y económica tiene que distribuirse entre las arcas de distintas fuentes y dinámicas sociales, tales como el gobierno, el sector privado (aseguradoras, hospitales, colegios, entre otros), el tercer sector y la comunidad en general . . . .[1]

Los ponentes, panelistas y participantes de la Cumbre sobre el Reto Demográfico recomendaron la adopción de las siguientes políticas públicas, entre otras:

• Actualizar los estudios previos. La primera recomendación es realizar estudios actualizados para conocer las causas de la renuencia de las personas en edad reproductiva, mujeres y hombres, para no tener hijos. También sobre las cargas, limitaciones y otros efectos que representa la maternidad para el desarrollo continuo personal y profesional de la mujer luego de ser madre, en comparación con las consecuencias que enfrenta el hombre que se convierte en padre.

• Integrar las estrategias pro natalistas al plan de desarrollo integral del país. Una vez se conozcan los resultados de esos estudios, hay que desarrollar una estrategia holística que permita atender las cargas inmediatas de la maternidad y la paternidad sobre los nuevos progenitores, mientras se mejoran y se hacen accesibles los otros servicios y conductos sociales, económicos y de cuidado y desarrollo personal que requiere la nueva o agrandada unidad familiar. Esa estrategia debe coincidir con las otras políticas que conformen el plan de desarrollo integral del país.

• El caso particular de las madres solteras. De manera particular, se propone la creación de programas para asistir social, educacional y económicamente a las madres solteras, pues son estas portadoras de ese esperado remplazo poblacional, y tienen generalmente más dificultades que afrontar en la crianza y en su desarrollo personal.

• Aumentar los medios de asistencia para el cuido de la prole durante la jornada laboral. Uno de los planteamientos más recurrentes para explicar la baja tasa de natalidad es la falta de servicios de apoyo que reciben los padres y madres que trabajan. Los hijos requieren una inversión de tiempo y recursos que muchas veces no pueden armonizar con los compromisos laborales y su desarrollo personal y profesional, lo que se traduce en pérdida de ascensos, reconocimientos y mejor compensación.

• Establecimiento de centros de cuido auspiciados por el Gobierno, el sector privado o el tercer sector. Se propone el establecimiento de más y mejores centros de cuido infantil y centros de educación temprana, adaptados a las necesidades laborales de las madres y los padres que trabajan. Debe incentivarse la apertura de centros de cuido en las empresas, centros de estudio, centros comerciales, centros de salud y de gestión gubernamental, para facilitar a los progenitores no solo su trabajo regular, sino la realización de gestiones que, de ordinario, no pueden completar con la compañía de sus hijos e hijas. […].   

• Exigir cobertura de los procesos médicos contra la infertilidad tanto en el seguro de salud público como en los planes privados. Tal parece que hay suficiente legislación en Puerto Rico para apoyar la maternidad natural y por adopción, con cuidados prenatales y licencias parentales, aunque no en igualdad de condiciones para la madre y el padre. En el caso de la adopción, se han facilitado y acortado los procesos de solicitud, evaluación e intervención judicial, pero falta una mayor divulgación de los acuerdos y requisitos que administra el Departamento de la Familia para su formalización, particularmente los acuerdos prenatales, que permiten a una persona acordar la adopción del hijo que otra está gestando y decide llevarlo a término. 

• Concienciar sobre la reproducción asistida, la maternidad subrogada y la adopción y facilitar tales procesos. La reproducción asistida, cuyo proceso puede ser largo y costoso, y la maternidad subrogada, cuya falta de claridad en los aspectos legales es disuasiva, son métodos que igualmente pueden usarse para establecer o aumentar la familia, pero requieren de asistencia económica, cobertura de pólizas de seguro para el cuido prenatal, el parto y el post parto, simplicidad en los procesos de inscripción y divulgación para cambiar la concepción generalizada de que no son favorecidos por el gobierno ni por los planes de salud privados o públicos. Hay una nueva generación para la cual estos métodos son particularmente atrayentes, pero carecen de información y recursos para utilizarlos en la formación de una nueva familia . . . .

• Concienciar sobre el valor de los hijos e hijas para la familia y la sociedad. Cualquier discurso dirigido a concienciar sobre la importancia del remplazo generacional, que es lo que produce directamente la baja tasa de natalidad, debe estar basado en el valor que las personas aportan a la sociedad, es decir, en lo que significa la llamada justicia intergeneracional, que provee para que distintas generaciones coexistan de manera armoniosa y balanceada en un mismo tiempo y lugar. . . .[2]

Aunque estas conclusiones y recomendaciones sobre el tema de la baja tasa de natalidad surgieron de la discusión generada por personas entendidas en el tema demográfico en las cuatro mesas, la Comisión de Derecho Civil entendió que debían validarse con data pertinente, actualizada y confiable, y someterse a un escrutinio que tomara en cuenta la opinión de las mujeres.  Fue así como la Comisión de Derecho Civil se acercó a la Comisión de la Mujer “María Dolores (Tati) Fernós López Cepero” para organizar la actividad que genera esta publicación, por entender que las políticas públicas que se adopten para atender la evidente baja en la tasa de natalidad podían incidir en los derechos reproductivos de las mujeres, pues sobre ellas se impone, consciente o inconscientemente, la responsabilidad primaria de la procreación, como si esta fuera un asunto individual, propio o exclusivo de su sexo. A esta invitación se unió también la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, pues sobre ese sector poblacional, por estar en edad reproductiva, recae la presión del remplazo poblacional o generacional.  

La respuesta de las comisiones hermanas fue positiva y entusiasta.  Agradezco a las panelistas Dra. Angélica Rosario Matías, Dra. Yanira Reyes Gil, Dra. Yari Vale Moreno y Lcda.  Noeli M. Pérez de la Torre y a las licenciadas Josefina Pantoja Oquendo y Zoé Negrón Comas su colaboración entusiasta para el éxito del foro. El resultado de ese esfuerzo colegiado es el contenido de esta publicación, que pone en justa perspectiva las conclusiones del Informe de la Cumbre sobre el Reto Demográfico, al dar contexto estadístico, experiencia científica y fundamentación jurídica a las políticas públicas viables y realistas que pueden atender la baja en la tasa de natalidad de Puerto Rico en los años por venir.  Las panelistas amplían el contenido y alcance de lo que constituyen “los derechos reproductivos” y dan voz a los que quieren procrear, pero no tienen los recursos económicos ni los medios para acceder a los servicios y tratamientos que pueden asistirles en esa faena personal. Y recalcan que toda política pública que adopte el gobierno tiene que garantizar el pleno derecho de las parejas a decidir el número de hijos o hijas que quieren tener y cuándo; así como el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo.

Constituye esta publicación una reafirmación del compromiso del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de continuar aportando a los esfuerzos públicos y privados para enfrentar colectivamente los retos que el declive y el envejecimiento poblacional imponen al país.

* Esta reflexión responde al curso Los derechos reproductivos ante el reto demográfico de Puerto Rico, ofrecido el 29 de mayo de 2025 en el Colegio de Abogados y Abogadas por el Instituto de Educación Práctica y la Comisión de Derecho Civil, con el coauspicio de la Comisión de la Mujer y la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes.

** Presidenta de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; profesora adjunta, Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico; ex jueza de apelaciones.

[1] Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Informe de la Cumbre sobre el Reto Demográfico de Puerto Rico 447-48 (Migdalia Fraticelli Torres, ed. 2024).

[2] Id. en las págs. 449-51.