El Colegio expresa su más enérgica indignación ante la noticia de la entrega de información confidencial de 6,321 migrantes en Puerto Rico a entidades federales sin que mediara orden judicial. Asimismo, rechaza la actuación del gobierno de Puerto Rico en violación de la Ley 97-2013 que otorga a las personas inmigrantes la oportunidad de solicitar licencias de conducir provisionales con garantías de confidencialidad.

A pocos días de haber recibido un requerimiento, la información confidencial fue provista por el DTOP. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al DTOP por negarse a revelar información sobre el requerimiento federal. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones resolvieron a favor de los demandantes. Finalmente, el 14 de octubre de 2026, elTribunal Supremo de Puerto Rico notificó su determinación de “no ha lugar” a la segunda solicitud de reconsideración del DTOP para evitar la entrega de la información solicitada pública. Esta determinación protege el  derecho de acceso a la información pública.

Esta acción de servilismo y sumisión hacen del gobierno local un cómplice de los actos abusivos de ICE contra la comunidad migrante en Puerto Rico. Para colmo, el gobierno se negó contumazmente a proveer la información pública solicitada de manera oportuna, para esconder su abierta cooperación con la política de persecución a la comunidad migrante.

Exigimos al gobierno de Puerto Rico el manejo responsable de la información sensitiva y confidencial que tiene ante su poder. Las funcionarias y funcionarios involucrados, tanto en la entrega voluntaria de la información confidencial como en esconder al pueblo este hecho, deben reevaluar su estancia en servicio público.

Agradecemos a la ACLU y las organizaciones civiles que dieron la batalla para que se conociera la verdad. Reiteramos nuestra postura contra la persecución de los hermanos y hermanas migrantes, quienes tienen el derecho de vivir en dignidad y paz.