El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresa su respaldo al Proyecto del Senado 1024, dirigido a modernizar el marco regulatorio de admisión al ejercicio de la abogacía. Toda revisión a dicho marco debe garantizar la protección del interés público, la excelencia profesional y el acceso justo a la profesión.

El Colegio favorece la eliminación del requisito de residencia previa para solicitar el examen de reválida, por entender que dicha exigencia no constituye un mecanismo efectivo para garantizar competencia profesional ni conocimiento del derecho local, objetivos que se logran mejor mediante la propia reválida y la supervisión disciplinaria del Tribunal Supremo.

Por otra parte, el Colegio respalda enfáticamente la eliminación de las disposiciones que actualmente permiten la admisión al ejercicio de la abogacía sin examen de reválida. El ordenamiento jurídico puertorriqueño posee una tradición mixta única, con profundas raíces en el derecho civil, que exige una evaluación rigurosa de quienes aspiren a ejercer en Puerto Rico. Mantener mecanismos que permitan eludir dicha evaluación compromete la calidad de los servicios legales, afecta la protección de la ciudadanía y perpetúa una estructura desigual que ha operado históricamente sin una verdadera reciprocidad para los y las profesionales de Puerto Rico, beneficiando a quienes vienen de otras jurisdicciones sin ofrecer ventajas comparables a quienes ya ejercen en la Isla.

El Colegio acoge la creación de una Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional y del Examen de Reválida, y reafirma que cualquier modernización debe preservar los más altos estándares de excelencia, fortalecer la equidad para la clase togada puertorriqueña y responder a las particularidades únicas de nuestro sistema jurídico.

La discusión sobre el futuro de la reválida debe orientarse hacia la modernización de los mecanismos de evaluación profesional, garantizando que quienes ingresen a la práctica legal posean las competencias necesarias para ejercer esta profesión que amamos con responsabilidad, preparación, compromiso ético y en beneficio de la administración de la justicia.

Por lo antes, expuesto se apoya que el proceso de reforma continúe desarrollándose de manera amplia y participativa, incorporando representación de todas las escuelas de derecho del país y de los organismos directamente vinculados a la evaluación de aspirantes a la profesión.

Asimismo, se reafirma la importancia de que cualquier modernización al sistema de admisión preserve los más altos estándares de excelencia profesional, fortalezca la equidad para la clase togada puertorriqueña y responda adecuadamente a las particularidades del ordenamiento jurídico de Puerto Rico.