Nota del editor Vol. 2
Miguel Francisco Marrero Sánchez
Presidente de la Comisión de Tecnología
Buenas noches.
Saludo con mucho entusiasmo a este nutrido grupo de estudiantes que han culminado sus estudios de Juris Doctor con el estímulo de reconocimientos que se han ganado, gracias al esfuerzo y disciplina en su preparación académica. Tengo la certeza de que el brillo de esta noche también tiene que ver con la creatividad demostrada en sus escritos, argumentaciones, practicas clínicas y proyectos especiales. Seguramente para estar aquí demostraron pasión y compromiso para superar la tentación de hacer el mínimo y, en su lugar, dar lo mejor de sí para hacer la diferencia y separarse de la mediocridad. Confío en que hayan recorrido ese camino echando siempre una mirada solidaria para ofrecerle apoyo a quienes se les hacía más difícil abrirse paso, por sus circunstancias particulares.
Saludo con especial admiración a las graduandas cuya ejecución es reconocida esta noche a pesar de las dobles jornadas de trabajo, algunas criando y amamantando. También a quienes continuaron trabajando a tiempo completo a la vez que estudiaban, así como a las personas que aceptaron los retos de la diversidad funcional para formarse como juristas. Cuanta alegría deben sentir sus familias y amistades. Seguramente, dieron mucho de sí con cariño, confianza, apoyos diversos, consuelo y animo en los momentos de desaliento y, probablemente, respaldo económico cuando fue necesario.
Están ustedes alcanzando una meta para pronto ir en pos de otra: el ejercicio exitoso de la abogacía en los varios escenarios que estarán disponibles o, tal vez, la incursión en estudios graduados. Tendrán que superar el trago amargo de la reválida para la cual tendrán que anclarse en los conocimientos que hayan adquirido durante tres años, en el razonamiento, la sagacidad, la buena redacción y también en el embotellamiento, aunque luzca mal decirlo, que se impone en algunas áreas. Muchos años han transcurrido desde mi propia experiencia, pero el proceso no ha cambiado para bien y opino que todavía es una herramienta poco apropiada para medir conocimiento, destrezas y la vocación que requiere la buena abogacía.
Agradezco la invitación del Decano Julio Fontanet y del amigo Luis Borri para dirigirme a ustedes en un momento tan especial. Me corresponde tratar de avivar en ustedes el ánimo de que, a pesar de los retos que enfrentamos como País, el ejercicio de la abogacía es esperanzador para su desarrollo como personas, pero también para el futuro de nuestra amada Patria y para el Pueblo, que no lo está pasando bien.
No hay otra opción que hablar un poco sobre esos retos, sin ánimo de estropearles la noche. Probablemente coincidirán conmigo en que sentimos una gran inseguridad ante lo que la vida nos depara. Tratamos de desenvolvemos dentro de una sostenida crisis económica que se evidencia con la quiebra del País, mientras incrementa el costo de la vida sin que haya correspondencia con los ingresos de grandes sectores. La tan criticada Junta de Control Fiscal ha complejizado la situación y se ha cruzado de brazos ante la necesidad de estrategias de desarrollo económico. Proliferan los problemas sociales y de salud pública, como la criminalidad descontrolada vinculada al trasiego de drogas y la pérdida de vidas de adolescentes y jóvenes adultos, además de las víctimas inocentes atrapadas entre los disparos.
La violencia de género, máxima expresión del discrimen contra las mujeres, nos deja sin aliento en cada episodio que reportan los medios de comunicación. Veinte feminicidios, nueve de ellos íntimos, han ocurrido en lo que va de año, de acuerdo al Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. El Estado no ha sabido dar las respuestas que en atención a los derechos humanos serían las apropiadas para los problemas señalados, independientemente del color del partido que gobierne o de la mezcla de colores que produce un gobierno compartido.
Los fenómenos atmosféricos, la pandemia del COVID-19 y los huracanes que devastaron el Sur del país, profundizaron los problemas económicos, sociales y de salud mental que los primeros propiciaron. Fue así como la puerta se abrió de par en par, para el éxodo de la población, principalmente hacia la metrópoli. Se mantiene abierto un flanco muy perjudicial para nuestro desarrollo como Pueblo. La actual y futura condición demográfica del archipiélago boricua genera una gran preocupación por el envejecimiento y la falta de reemplazo poblacional.
Pero, hay otros fenómenos que no son naturales, sino construidos por el poder económico y el quehacer político amañado. Estos seres, entidades políticas y partidos están ocasionando estragos en numerosas partes del Mundo, incluso mediante conflictos bélicos, que se han saltado con absoluto desparpajo, crueldad y desprecio, los más elementales derechos humanos. Anoche la crisis escaló entre Israel e Irán. Nadie puede mirar con optimismo y esperanza el futuro desde la profesión legal o cualquiera otra, si se mantiene impasible ante abusos como los que ocurren en Gaza y la barbarie que atormenta al pueblo haitiano.
En Puerto Rico, hemos recibido el impacto directo de las ordenes ejecutivas, decretos y políticas sorprendentes, aunque anunciadas, de Donald Trump y los personajes que escogió para implementarlas o, tal vez, fueron ellos quienes lo seleccionaron a él. Nuestra condición colonial propicia más aun ese efecto negativo sobre el archipiélago debido a la falta de poderes y a la alta dependencia que tenemos de los fondos federales.
Además, nuestra fibra social se ha visto afectada con la embestida hacia las poblaciones migrantes con estatus irregular que ya forman parte de nuestra comunidad. Desde enero han sido víctimas de redadas, detenciones y deportaciones como si de criminales se tratara, en abierto menoscabo de la dignidad humana. El caso de Aracelis, sobreviviente de violencia doméstica, arrestada y sacada ilegalmente de Puerto Rico, a pesar de reunir los criterios para permanecer aquí mientras su caso es tramitado, ha causado gran indignación, al igual que la postura servil y colaboradora del gobierno respecto a los requerimientos de las agencias migratorias.
También están ocasionando desasosiego las determinaciones presidenciales de erradicar las políticas y programas relacionados con la diversidad. Durante años se ha trabajado para darles valor y resaltar la importancia que tiene para una sociedad democrática abrirle espacio mediante la inclusión a las personas que son diversas por su género, orientación sexual e identidad de género, o porque tienen alguna diversidad funcional, por su raza, origen étnico o nacional.
Resulta alarmante la descarada intervención en la autonomía de las universidades norteamericanas. Hemos seguido con interés especial el ataque feroz hacia la Universidad de Harvard que ha resistido la coerción económica y el uso de determinaciones migratorias que impactaran su matrícula y la rica diversidad que la caracteriza, siendo también una de las piedras que sostienen su prestigio. Harvard y otras universidades tienen múltiples e importantes programas de investigación en las ciencias y otras ramas del saber cuyas asignaciones serán canceladas. Habrá repercusiones sobre Puerto Rico y los centros docentes universitarios, tanto públicos como privados que son participes de esos proyectos. Se han publicado noticias de la pérdida de fondos por la Interamericana y la Universidad de Puerto Rico (UPR). En el caso de la UPR se suma el hecho de que la Junta de Control Fiscal se ha ensañado en su contra al restringirle fondos operacionales y afectar también su sistema de Retiro, en perjuicio de todo el personal.
A las acciones restrictivas impuestas por el gobierno de Trump tenemos que sumar nuestro propio arroz con jueyes. El gobierno de Puerto Rico ha estado impulsando legislación y políticas públicas que menoscaban derechos adquiridos. Entre los sectores más afectados, hasta el momento, están las mujeres en el tema de la salud sexual y reproductiva. También en lo relacionado con la violencia de género y la Ley 54 para la Prevención e Intervención Con la Violencia Domestica, para enmendar la cual se han hecho propuestas que diluyen aspectos importantes que la hicieron pionera y modelo para la Región. También se ha intentado intervenir con la autonomía de los albergues para las sobrevivientes de violencia machista, en perjuicio del servicio que les ofrecen, así como a sus hijas e hijos. Sin duda, ha resultado afectada la comunidad LGBTQ+ con proyectos como la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa” y otros que tienen que ver con su salud y afirmación de género.
Ante el panorama descrito se preguntarán ustedes: ¿Cómo todo este ambiente y políticas de retroceso que afectan áreas importantes del Derecho en las cuales me he educado y formado como jurista durante tres años, van a afectar mi desempeño y la meta que tengo de contribuir a la reivindicación de los derechos de la gente a la que quiero representar? ¿Cómo puedo mirar el futuro con optimismo y esperanza?
PUES SÍ PUEDEN HACERLO. Las abogadas y los abogados tenemos mucho que hacer con relación a la crisis actual. Existe y se mantendrá en el futuro la necesidad de educación, orientación y representación legal, sobre la eliminación de derechos fundamentales. Las intervenciones deben estar revestidas de sensibilidad y de buena preparación. Confío en que ustedes tengan ese sentido de humanidad tan necesario para ejercer la abogacía. La Facultad les ha formado con las herramientas necesarias para ello.
Las políticas antidemocráticas que los gobiernos conservadores intentan implantar representan la vuelta a la desigualdad y el prejuicio y, por lo tanto, a la violencia. No prevalecerán sin que haya lucha y resistencia, como dice el exprisionero político, Oscar López Rivera. El repudio y la impugnación de esas acciones y políticas, generara acciones legales de carácter civil, incluso de recursos extraordinarios que viabilicen acceso rápido a la justicia. Todos los foros legales serán opciones. El derecho constitucional a la educación, a la intimidad, a la igual protección de las leyes, a la dignidad frente a las acciones de los gobiernos, serán fuente de reclamos de las mujeres para ganar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y para salvar sus vidas ante la violencia machista; de la comunidad LGBTQ+ para recibir los tratamientos necesarios para afirmar su identidad de género, de las personas diagnosticadas con VIH y SIDA para recibir sus medicamentos y participar en programas de apoyo.
Las exclusiones del acceso a vivienda que ya han comenzado, incluso para las sobrevivientes de violencia de genero con estatus irregular que esperan en los albergues por vivienda transitoria, requerirán de representación legal. De igual manera, las comunidades y organizaciones que cuestionan los megaproyectos que amenazan nuestras costas y recursos naturales, tendrán mayores dificultades para defender el ambiente ante los nuevos códigos y políticas de otorgamiento de permisos más laxos y poco transparentes. Representación legal especializada en el derecho ambiental será altamente necesaria.
Estoy convencida de que el activismo tomará las calles y como suele ocurrir, será blanco de represión por las fuerzas del Estado. Se requerirán juristas con la preparación en derecho penal y constitucional para hacerse cargo de su representación legal.
No olvidemos que las organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos a personas empobrecidas, como Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y la Oficina Legal de la Comunidad (OLC) se podrán ver afectadas por los recortes de fondos. El descabezamiento comenzó ya con la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos (LSC), a la cual se le ha asignado presupuesto para cerrar operaciones. Más que nunca será necesario que las abogadas y abogados, y por supuesto, la comunidad en general, apoyemos los programas de servicios legales para personas empobrecidas y que tengamos la disposición para colaborar con representación legal pro-bono.
Ante el escenario geopolítico y económico actual y la toma de decisiones por el gobierno norteamericano, sumado a las posturas que sobre el particular asuma el de Puerto Rico, les exhorto a aceptar el llamado a enfrentar los retos existentes con la responsabilidad que tenemos de promover la justicia y la equidad. Debemos hacerlo con la esperanza de que las grandes injusticias pueden ser revertidas con la unidad de voluntades, con la denuncia colectiva, con la búsqueda de alianzas y consensos; hacienda uso de las lecciones que nos dejaron las luchas de quienes nos antecedieron y sumándole a ellas la creatividad e inventiva de los nuevos tiempos. Tenemos razones para desempeñar nuestro rol con la esperanza de que lo lograremos, más ustedes que están jóvenes y plenos de energía. Y, ¿cuáles son los rayos de luz que revisten esa esperanza?
En primer lugar, nuestro Pueblo es poseedor de una larga, sostenida y valiente historia de lucha por sus derechos humanos, políticos, civiles y por reivindicaciones fundamentales. Tenemos a nuestro haber siglos de resistencia para mantener la identidad nacional puertorriqueña, el idioma español y la cultura que nos distingue. Esa historia por la vía legal y por el activismo incluye la abolición de la oprobiosa esclavitud y el derecho al voto para las mujeres, ninguno de los cuales nos fue aplicado por el gobierno de Estados Unidos. Contamos con una Carta de Derechos cuya esencia es universal y esencial para la litigación. También hemos demostrado que nos unimos ante coyunturas que amenazan la integridad y dignidad de nuestra Nación. Así ocurrió cuando la gota convertida en la muerte de David Sanes derramó la copa del abuso de la Marina de Guerra de Estados Unidos y sus bombardeos inclementes en la Isla Nena. De igual forma, en el verano de 2019 el gobernador de entonces se vio obligado a renunciar cuando el coraje y repudio de la gente se desbordó debido a sus desmanes y conducta insultante a nuestro respeto e idiosincrasia de Pueblo.
La reconocida generosidad y solidaridad de nuestra gente me permite augurarles que cuando en los próximos meses se estrenen como abogadas y abogados en la búsqueda de la Justicia, contarán con el respaldo y apoyo de sectores, organizaciones y personas sensibles a las causas que estarán defendiendo. Esto abona al optimismo con el que podemos mirar el futuro.
La Facultad de Derecho de la que pronto egresaran, tal vez con un poco de nostalgia, les ha provisto de una base muy sólida en su preparación, con currículos que abordan las realidades actuales, con miradas internacionales, intercambios con otras naciones y prácticas que les acercan a lo que será su realidad profesional, sin olvidar la calidad del personal docente que les ha preparado.
Como otro elemento que hace de su futuro profesional uno esperanzador incluyo la vital existencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Colegio), que se acerca a cumplir dos siglos de vida, lo que ocurrirá dentro de 15 años. (Celébrenlo en mi nombre). El Colegio es una de las más antiguas organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña que siempre ha levantado la bandera de afirmación de las causas justas, la defensa de los derechos humanos, de nuestra libre determinación de acuerdo al Derecho Internacional y, desde luego, ha sido incansable en la búsqueda del bienestar de su matrícula. Así es que tendrán de su lado al Colegio, cuyo vínculo con Inter Derecho es muy estrecho. El Decano Julio Fontanet lo presidió de 2004 a 2006 y la Lcda. Vivian Godineaux Villaronga, una de sus profesoras, lo dirige actualmente.
Sin espíritu de esperanza y de optimismo resulta cuesta arriba alcanzar metas y superar retos. Es como declarar que se ha fracasado, sin comenzar.
Ustedes van a ser hacedoras y hacedores del Derecho desde los diferentes escenarios en los que se desempeñen. Sin propósito de justicia, el Derecho puede convertirse en un instrumento de opresión. Sin embargo, puede ser una herramienta de cambio social y de transformación cuando se ejerce de forma ética; si colocamos en el centro de su ejercicio a las personas, a las comunidades, a los sectores vulnerados, desprotegidos y no el afán de lucro. En forma alguna esto es excluyente de que la abogacía sea un vehículo para ganarse bien la vida. Aunque el ejercicio del Derecho es adversativo, no tiene por qué ser agresivo y violento; más bien debe practicarse con respeto y humanidad.
En fin, claramente la profesión legal ofrece muchas satisfacciones desde las diferentes vertientes en que se ejerce, pero también es cierto que presenta grandes retos que colocan en nuestras manos, intelecto y corazón el futuro de las personas, su bienestar, los derechos que les garantizan una vida digna y en ocasiones su libertad. Unos tiempos históricos son más difíciles que otros y el momento actual en el que ustedes avanzan al inicio de sus carreras está plagado de espinas. Razones podría haber para cambiar de rumbo, pero hay muchas más para abrazar ese futuro y hacer la diferencia para el beneficio de Puerto Rico y de nuestra gente. Las reivindicaciones y derechos alcanzados no deben ser renunciados. Se lo debemos a las futuras generaciones. Que no sientan decepción por nuestra inacción sino respeto por haber luchado.
Termino con la siguiente cita: “No podemos dejar que las fuerzas retrogradas echen para atrás nuestras grandes victorias”. – Lcda. María Dolores “Tati” Fernós López- Cepero
* El discurso se ofreció en la Noche de Logros de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el 13 de julio de 2025.
** Destacada abogada y activista feminista, con una trayectoria de casi cinco décadas en la defensa legal de personas empobrecidas y en causas de justicia social. Ha presidido la Comisión de la Mujer por dos bienios y actualmente funge como su vicepresidenta. Su compromiso y liderazgo han sido reconocidos con múltiples distinciones, incluyendo la Medalla Nilita Vientós Gastón.
Miguel Francisco Marrero Sánchez
Presidente de la Comisión de Tecnología
Dra. Angélica M. Rosario Santos
Colaboradores: Hernando Mattei PhD. y Luis Pericchi PhD
Dra. Yanira Reyes Gil
Lcda. Wendolyn Torres Rivera