Resumen de la presentación

Comienza esta presentación con el reconocimiento de la alta incidencia de personas con discapacidad en el mundo. Una realidad que ha obligado a los gobiernos a modificar el acercamiento a las personas con discapacidad en sus países. Cada vez más se visibilizan sus diferencias y necesidades, sensibilizando así las políticas públicas para ofrecerles oportunidades igualitarias en la sociedad. Se fija como el propósito de esta presentación la concienciación de la audiencia sobre las nuevas tendencias que se están desarrollando alrededor del mundo para atender el asunto, cómo estas impactan el ámbito jurídico y dónde está posicionado nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente hacemos una invitación al cambio.

En la primera parte de la presentación se discute el desarrollo histórico de los acercamientos a las personas con discapacidad y cómo estos inciden en los ordenamientos jurídicos, hasta la presentación de las nuevas tendencias de inclusión y autodeterminación. La segunda parte es un análisis del ordenamiento jurídico de Puerto Rico a la luz de la evolución de los acercamientos discutidos. Este análisis concluye con el señalamiento de  las deficiencias de nuestro ordenamiento ante las nuevas tendencias, a pesar de la reciente aprobación de un nuevo Código Civil.

Concluye la presentación con la propuesta de que, para atemperar nuestro ordenamiento a las nuevas tendencias, es preciso, en primer lugar, el reconocimiento de la capacidad jurídica de obrar de este colectivo en igualdad de condiciones y la eliminación de toda disposición que milite en contra de un tratamiento igualitario por razón de su diversidad funcional. Así fue propuesto en la Convención de las Personas con Discapacidad,[1] aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta Convención pone al descubierto el reclamo de este colectivo y lo eleva al rango de derechos humanos. Ratificada por más de 185 países, este acuerdo internacional impone al mundo la obligación de reconocer tanto los derechos de estas personas como su pleno ejercicio, en igualdad de condiciones. Su diversidad funcional no puede ser el fundamento para tratarles de manera diferente.

En esta propuesta se presenta al Notario como el mejor instrumentador de la participación de este colectivo en los actos jurídicos. El notario se define en el Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico como “el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes, de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen”. La determinación o juicio de capacidad que realiza el notario, como gestión inherente al desempeño de su función, constituye una presunción de validez contundente que, sin duda, ofrece la seguridad jurídica y la garantía de legalidad que fortalece la activa y legítima participación de estas personas en los actos jurídicos.

El enlace para tener acceso a las dispositivas de la presentación en Power Point, en formato PDF, es el siguiente: