Hace muchos años viajo con frecuencia con mi esposa por distintas partes del mundo, principalmente por los países europeos, y hay algo que me llama poderosamente la atención no solamente como viajero sino como abogado, y es que, independientemente de la categoría de los hoteles en lo que nos hospedamos, los baños carecen invariablemente de las barras de seguridad que en un ambiente en que se combina el agua y el jabón parecería indispensable. Téngase en cuenta que en la bañera o en la ducha la persona se ve obligada a adoptar posiciones y hacer equilibrios que normalmente no se hacen en la vida cotidiana, y con ello se aumenta el riesgo de una caída. Téngase en cuenta además que los huéspedes son de todas las edades y condiciones físicas, algunas de las cuales los hacen más susceptibles o vulnerables a la posibilidad de una caída. Por eso resulta tan insólito que las empresas dueñas de hoteles y otros establecimientos habitacionales pongan en riesgo a sus huéspedes de una forma tan clara y previsible y a la vez tan remediable de una forma sencilla y a bajo costo.

Lo que suelo preguntarme en cada uno de mis viajes es qué intervención, si alguna,  tienen los abogados de estas empresas, quienes, ciertamente, aplicarían la norma de responsabilidad civil que queda recogida en lo que haría un hombre prudente y razonable en una circunstancia de un riesgo apreciable. ¿Será que los abogados desconocen esa situación en los establecimientos de sus clientes y por lo tanto no le pueden brindar su consejo profesional al respecto? ¿O será que los clientes optan por ignorar ese consejo profesional, por un mal concebido criterio de pesos y centavos?

Me pregunto igualmente qué intervención han tenido las empresas de seguros que, seguramente, han asegurado estos establecimientos. Es de conocimiento general que las aseguradoras envían inspectores para in situ evaluar las condiciones que puedan presentar riesgos de daños en una propiedad. Se hace difícil creer que un peligro tan evidente como el que señalo pueda ser pasado por alto en una inspección de estas.

También da qué pensar que el Estado otorgue un permiso de uso a una hospedería de cualquier clase que viole flagrantemente una norma de seguridad tan elemental. Tratándose de una práctica tan extendida por el sector hotelero, parecería una especie de conspiración contra la seguridad pública tolerada por unas autoridades siempre renuentes a imponer condiciones al sacrosanto sector privado que crea empleos y otras bienandanzas en la economía.

Sean cuales sean las razones para permitir impunemente esta seria situación, la indiferencia general que acusa hacia la vida y la seguridad de huéspedes en todas partes es francamente criminal.