El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada, autoriza las siguientes expresiones sobre la determinación del Tribunal Supremo a favor del Senado al cuestionar la legitimidad del proceso en que se ha asumido la gobernación el País:
“La determinación judicial que concluye que el licenciado Pedro Pierluisi no ocupa legítimamente el cargo de gobernador de Puerto Rico es un reconocimiento firme al ordenamiento constitucional que protege a la ciudadanía de los caprichos políticos o personales, fortalece la doctrina de separación de poderes e implementa el orden público contemplado por la Constitución para la sucesión de un gobernador renunciante, que en este caso fue destituido por el Pueblo. El Tribunal Supremo aporta, con esta decisión unánime, una certeza necesaria en el proceso político y jurídico que vive el País.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante sí la histórica controversia de decidir quién debe ocupar legítimamente la gobernación de Puerto Rico. La Petición de Amigo de la Corte presentada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico coincidió con la postura jurídica del Senado de Puerto Rico al concluir que sólo un(a) Secretario(a) de Estado en propiedad, debidamente confirmado(a) por ambos cuerpos legislativos, podía sustituir al gobernador renunciante. La Constitución tiene que ser respetada, por considerarse como la Ley Suprema y porque es la única ley refrendada directamente por los electores.
El momento histórico que vive el País nos obliga a reflexionar sobre los límites de la Constitución vigente, que nos ha condenado al regreso de la época del gobernador no electo, con el agravante de que los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal tampoco cuentan con el aval de los votos. Es evidente la necesidad de nuevos desarrollos constitucionales que propendan a soluciones democráticas para situaciones similares. Es por ello que reiteramos que las disposiciones constitucionales referentes al proceso de destitución del gobernador y al orden sucesoral deben de ser motivo de enmiendas profundas para garantizar que la democracia participativa sea el mecanismo de selección a un gobernante sustituto. La idea de que los escaños pertenecen a los partidos es un anacronismo que atenta contra el poder de la ciudadanía a escoger a sus dirigentes. Puerto Rico no merece menos.
Si los reclamos ciudadanos de cambio estructural no son escuchados por la clase política del País, este Pueblo, asistido por las organizaciones profesionales, comunitarias, sociales y académicas, está preparado para reclamarlo en las calles una vez más. El Colegio está y estará presente”.
