Los hechos recientes que culminaron en la renuncia del, hasta hoy, gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y la selección de su sucesor, denotan que la indignación y el reclamo del Pueblo de Puerto Rico desbordó los apretados límites de la Constitución del Estado Libre Asociado. El ordenamiento constitucional nos condena al regreso de la época del gobernador no electo, con el agravante de que los siete miembros de la Junta de Control Fiscal tampoco cuentan con el aval de los votos. Resulta escandalosa la situación. Atrás queda el concepto fundamental de la democracia, el derecho a elegir quienes ostentan el poder.
La juramentación como gobernador de un nominado a secretario de Estado que no completó su proceso de confirmación constituye un acto atroz de secuestro de la Constitución vigente de Puerto Rico que deberá ser corregido por la pronta atención del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La legitimidad de la ocupación del puesto del recién juramentado está en entredicho. El orden jurídico no puede apartarse de los postulados constitucionales, de la intención de sus autores y de la situación actual. Estaremos recomendado a la Junta de Gobierno del Colegio que evalúe iniciar los trámites necesarios para participar en el proceso de impugnación judicial.
De cara al futuro, los artículos constitucionales referentes al proceso de residencia o destitución del gobernador y al orden sucesoral deben de ser motivo de sendas enmiendas para garantizar que, en circunstancias como estas, sea el Pueblo quien vote en elección especial por su gobernante. La idea de que los escaños pertenecen a los partidos es un anacronismo que atenta contra el poder de la ciudadanía a escoger a sus dirigentes.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico aportará, como lo ha hecho siempre, al proceso de construcción de alternativas constitucionales que propicien una mayor y más efectiva democracia. Hemos dado instrucciones a nuestra Comisión de Desarrollo Constitucional a que provea un informe de mecanismos constitucionales con esos fines, en que se considere la experiencia del País y el derecho comparado.
La exigencia ciudadana es de cero impunidad ante la corrupción y de entregar la mayor diligencia en los deberes ministeriales del cargo público. Considerando que vivimos la peor crisis económica de la historia reciente, que aún no nos recuperamos de los daños ocasionados por los huracanes Irma y María -junto al desastre por el mal manejo de los gobiernos-, y sumado a la vergonzosa crisis institucional por la actitud putrefacta desde la Fortaleza demostrada en el chat de los allegados al renunciante gobernador, urge que se tomen todas las medidas necesarias para erradicar la corrupción, el clientelismo y el patronazgo político en el gobierno.
